La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en la operación DROSIPAN-TERMINO, han desarticulado una organización delictiva que utilizaba sociedades ficticias portuguesas para introducir vehículos en España procedentes de Alemania. Estos se vendían mediante sociedades distribuidoras sin pagar los impuestos correspondientes. Con esta mecánica, la organización habría introducido vehículos por valor de 35,3 millones de euros entre 2017 y 2021, defraudando 7,3 millones de euros de cuotas de IVA.
Así, se ha detenido a ocho personas, entre ellos, el cabecilla de la organización, otros responsables y organizadores de la trama, cómplices y beneficiarios del fraude. No obstante, la operación sigue activa y pueden adoptarse nuevas decisiones judiciales. Además, se han incautado 15 vehículos valorados en 1.500.000 € y documentaciones físicas y digitales sobre las operaciones fraudulentas. Esto ha sido tras los seis registros domiciliarios en Bellreguard (Egocars), Albacete, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y Almería. A su vez, se han bloqueado las cuentas bancarias de las empresas implicadas en la trama del fraude por precaución.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha tras un procedimiento de investigación previo sobre las sociedades implicadas en la trama. Además, los investigadores detectaron una serie de matriculaciones sospechosas.
Metodología de las ‘Truchas introductoras‘
El fraude utilizado por la trama arrancaba con una serie de sociedades ficticias españolas, conocidas como ‘truchas introductoras’. Estas sociedades simulaban la compra directa a proveedores europeos de vehículos usados que ya estaban matriculados en el país de origen. Al tratarse de adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen general de IVA, las sociedades españolas obtenían los vehículos exentos de IVA.
Posteriormente, estas ‘truchas introductoras’ vendían los vehículos a distribuidoras españolas de la misma trama, pero no ingresaban el IVA a la Hacienda pública que sí corresponde al tratarse de una operación interior. En cambio, el impuesto figuraba en las facturas de venta a las distribuidoras, que sí se deducían el IVA no ingresado por las ‘truchas’.
De esta manera, la organización podía vender los vehículos a las distribuidoras a un precio inferior, gracias al margen que otorgaba el fraude previo del IVA. Para dificultar su detección, la trama iba sustituyendo periódicamente las empresas por otras nuevas.
De acuerdo con las investigaciones, algunos clientes de las empresas distribuidoras eran plenamente conscientes del fraude y actuaban en plena connivencia y coordinación. Estos buscaban beneficiarse del ‘lavado del IVA’.
Una vez encargada la compra, se iba tramitando la matriculación del vehículo usado en España ante la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico. Este era el paso previo a la Inspección Técnica de Vehículos. Así, aportaban la documentación de la transacción simulada para justificar la titularidad del matriculador. En ocasiones, se alteraba la documentación para intentar evitar controles sobre la matriculación.
Uso de ‘truchas remotas’ en el extranjero
Como manera de reforzar la ocultación del fraude, la trama contaba también con una ‘capa’ de sociedades ficticias extranjeras, denominadas ‘truchas remotas’. Su función consistía en modificar el régimen aplicable de IVA.
Estas ‘truchas remotas’, que controlaban los directores de las distribuidoras, recibían facturas en régimen ordinario de IVA por entregas intracomunitarias de bienes exentas. A continuación, cambiaban indebidamente el régimen de tributación, emitiendo facturas a las distribuidoras españolas de la trama de acuerdo con el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU). Esto resulta incompatible legalmente y era lo que permitía una tributación por IVA mucho más baja que en el régimen general.
Los investigadores también detectaron la interposición de personas físicas con perfil de testaferros para la ocultación. Estas personas, que en ocasiones son difícilmente localizables e incumplidores de sus obligaciones fiscales, jugaban un papel similar al de las ‘truchas remotas’.
La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Albacete. Mientras que, en el operativo han intervenido, por parte de Guardia Civil el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Jefatura de la Agrupación de Tráfico (GIAT Central); y por parte de la Agencia Tributaria, las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera en Albacete, Quintanar de la Orden y Pontevedra; Unidades de Inspección de Albacete, Galicia, València y Almería; y Unidades de Auditoría Informática de Castilla La Mancha, Almería, Galicia y València.
